Absurda supresión de paradas del tren

A pesar de las limitaciones que impone el mal estado de la línea Huesca-Canfranc y del anticuado material que Renfe utiliza en la misma, el tren ha sido siempre el transporte público por excelencia de los pueblos situados a lo largo de la misma. Solo en las últimas décadas el establecimiento de una línea de autobuses entre Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y Jaca, con una importante frecuencia y menor tiempo de viaje, ha hecho que los vecinos de estas importantes poblaciones se hayan pasado del ferrocarril a la carretera. Pero el tren sigue siendo el único medio de transporte público con que cuentan pequeños pueblos como Plasencia del Monte, Riglos, La Peña, Anzánigo y Caldearenas.

El Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012 aprobó un acuerdo sobre “racionalización de los servicios ferroviarios de media distancia en la red convencional” que, según dijo la secretaria general de Transportes ante la Comisión de Fomento del Senado, pretendía sustituir los servicios ferroviarios por otros de carretera donde el ferrocarril no fuera competitivo y suprimir las paradas de los trenes en aquellas estaciones que tienen pocos viajeros, a fin de reducir costes ambientales y económicos, y reducir los tiempos de viaje del resto de los viajeros. Y en aplicación de dicho acuerdo Renfe ordenó que dejara de parar en los pueblos antes mencionados, y además en Villanúa y Castiello de Jaca, el tren que baja de Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes. Precisamente el servicio que los vecinos de esas localidades utilizaban para desplazarse a Huesca o Zaragoza (para ir al médico especialista, o a realizar gestiones, o para hacer compras) y volver en el día.

Los vecinos de Caldearenas y La Peña (dos pueblos que nacieron, precisamente, gracias a la construcción del ferrocarril de Canfranc) se movilizaron para reclamar el servicio público que habían perdido, concentrándose en sus respectivas estaciones los días 5 y 10 de agosto respectivamente. En ambos casos obligaron a parar al tren que, a media tarde, procedía de Zaragoza, con pancartas y carteles en los que reclamaban que volviera a parar en sus pueblos, también portaban numerosas banderas de Aragón y de España. Crefco se sumó a la movilización de La Peña.

A pesar de que estas movilizaciones fueron completamente pacíficas, Adif denunció al alcalde de Caldearenas, entonces Alejandro Castán (PSOE), por la momentánea detención del tren. Crefco hizo público un comunicado en el que apoyaba al alcalde y acusaba al Adif de “insensibilidad con las necesidades de los vecinos, de prepotencia por denunciar a un alcalde que pedía poder utilizar el tren, y de mala gestión, ya que la supresión de paradas ha hecho perder viajeros al ferrocarril”. De hecho, los servicios a los que se han suprimido las paradas registran un escasísimo número de viajeros, salvo en el tramo Zaragoza-Huesca.

La decisión de suprimir las paradas de este tren es completamente absurda, puesto que no ha supuesto reducción alguna de costes ambientales o económicos y ni siquiera ha reducido la larguísima duración del viaje. Se da incluso la paradoja de que al tren de la mañana, que para en todas las estaciones y apeaderos, le cuesta 2 horas y 39 minutos ir de Huesca a Canfranc, mientras que al de la tarde, al que se le han suprimido las paradas, tarda 2 horas y 45 minutos, o sea que, ¡tarda 6 minutos más!

Como pasaba el tiempo y ni las peticiones ni las protestas de los pueblos causaban efecto alguno, en marzo de 2017 Crefco elaboró un informe sobre lo absurdo de la medida e invitó a los ayuntamientos afectados a insistir en su petición de que este tren (al que, paradójicamente, Fomento considera “obligación de servicio público”) recupere sus paradas y atienda las necesidades de transporte de sus vecinos. El 30 de marzo, tras enviar una carta a los alcaldes de esos pueblos pidiéndoles su colaboración, se hizo una conferencia de prensa en la estación de Huesca y se enviaron cartas al ministro de Fomento, a la DGA y a Renfe. El director general de Movilidad del ejecutivo regional mostró su apoyo a la petición, pero ello no fue suficiente para que la empresa pública ferroviaria reconsiderada su absurda decisión que, en el momento de redactar este texto (mayo de 2018) todavía se mantiene

¿Cuáles son las consecuencias?: Ha disminuido el número de usuarios de la línea, ha aumentado el déficit de explotación de la misma y, lo que es peor porque será difícilmente recuperable, los vecinos de siete pueblos del Alto Aragón han perdido la confianza en el ferrocarril como servicio público de transporte.



Los vecinos de Caldearenas se concentraron en su estación el 5 de agosto de 2013 (Foto: Heraldo de Aragón)



Vecinos y veraneantes obligaron a parara al tren en la estación de Santa María y La Peña el 10 de agosto (Foto: L. Granell)



 Los alcaldes de Plasencia del Monte, Las Peñas de Riglos y Caldearenas con miembros de Crefco denunciando que el problema persiste cuatro años después (Foto: Ecologistas en Acción)